Naturaleza
Organizaciones dedicadas a la protección de los animales han alzado su voz para solicitar que la futura normativa sobre Grandes Simios se enfoque en los derechos individuales de estas especies, en lugar de limitarse a la conservación. El Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians son algunas de las entidades que insisten en la importancia de reconocer la dignidad inherente de chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos.
El borrador actual de la Ley de Grandes Simios ha avanzado en su tramitación, pero estas organizaciones consideran crucial fortalecer ciertos puntos para que la ley sea verdaderamente efectiva en la defensa de los homínidos. Su principal preocupación radica en que el texto no se quede en una perspectiva conservacionista tradicional, sino que adopte un marco ético y científico que les otorgue un estatus de sujetos de derechos.
Este debate se gesta en un contexto donde el conocimiento científico sobre las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los grandes simios ha crecido exponencialmente. Por ello, la idea de que la ley deba ir más allá de la mera protección de la especie para abordar el bienestar y la dignidad de cada individuo es cada vez más aceptada.
La Dirección General de Derechos de los Animales ha compartido el anteproyecto con las organizaciones implicadas, respondiendo a una movilización social considerable. Más de 73.000 firmas y 150 entidades respaldaron la iniciativa de Proyecto Gran Simio y Animal Guardians, que busca una ley específica para estos primates. En este proceso, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se comprometió a remitir un borrador antes de finalizar el año, incluso llegando a referirse a ella como la futura "Ley Jane Goodall", en honor a la célebre primatóloga.
Tras la recepción del borrador, ambas organizaciones han presentado alegaciones conjuntas, valorando el reconocimiento de la dignidad individual de los grandes simios. Sin embargo, enfatizan la urgencia de afinar aspectos para que la ley cumpla su propósito histórico. Un eje central de sus peticiones es la prohibición clara y sin excepciones de la reproducción en cautividad. Argumentan que cualquier actividad reproductiva debería restringirse a programas excepcionales de reintroducción en el hábitat natural, previa solicitud de los países de origen y bajo estrictas condiciones.
Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, destaca que el objetivo no es gestionar la reproducción, sino avanzar hacia la eliminación progresiva de los grandes simios en cautiverio. Busca evitar que las excepciones perpetúen poblaciones en cautiverio y vidas privadas de libertad. Otros puntos cruciales incluyen la consolidación de la norma como una ley de derechos individuales, tratando la cautividad como una medida excepcional, garantizando una intervención estatal uniforme en decisiones como traslados o decomisos, y dotando al régimen de inspección y sanción de herramientas preventivas eficaces.
El próximo 16 de enero, el Congreso de los Diputados acogerá un foro sobre "Ciencia, legislación y grandes simios", organizado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) en colaboración con la Dirección General de Derechos de los Animales. Pedro Pozas participará en este evento, expresando su confianza en que el Ministerio esté a la altura del momento y mantenga el enfoque de derechos que la sociedad ha demandado, sin que presiones externas diluyan la protección real y efectiva de estos individuos.
Marta Esteban Miñano, presidenta de la Fundación Animal Guardians, subraya la importancia de que el texto final refleje la dignidad de los individuos y no los considere meros recursos. "Esta ley debe construirse desde la mejor evidencia científica, pero también desde la ética y la responsabilidad moral, reconociendo la extraordinaria complejidad emocional, cognitiva y social de los grandes simios", afirma. Ambas organizaciones han enfatizado que sus alegaciones se presentan con una actitud constructiva y de diálogo.
La evaluación de estas alegaciones por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales será un paso determinante en un proceso que podría convertir a la futura "Ley Jane Goodall" en un referente global en el reconocimiento jurídico de los grandes simios como sujetos de derechos. Esta iniciativa representa un cambio paradigmático profundo, donde la conservación se entrelaza con el respeto y el reconocimiento de la compleja vida de estos seres, redefiniendo así los límites éticos y legales de nuestra convivencia con ellos.
