Desarrollo Duradero
Un conjunto de catorce organizaciones dedicadas a los servicios de bicicletas compartidas en España han emitido un comunicado conjunto, instando al Gobierno a integrar sus propuestas en el inminente Plan Nacional del Fondo Social para el Clima (FSC), que será presentado ante la Comisión Europea. Estas voces unificadas, que agrupan a la totalidad del sector, subrayan la imperiosa necesidad de aprovechar esta coyuntura para realizar inversiones significativas que impulsen una movilidad más equitativa y ambientalmente consciente, no solo a través de la expansión de la infraestructura ciclista, sino también mediante la ampliación de opciones de transporte, especialmente en entornos urbanos medianos, áreas periféricas y zonas con desafíos de inclusión social.
La iniciativa surge tras un prolongado período de conversaciones y reuniones técnicas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Durante estos encuentros, las entidades han manifestado su compromiso con el fomento de una movilidad más justa y sostenible. Resaltan que, en comparación con naciones europeas como Países Bajos y Dinamarca, España posee una cantidad considerablemente menor de bicicletas compartidas por cada diez mil habitantes, lo que evidencia un margen significativo para el crecimiento y la mejora en este ámbito.
La inclusión de este sistema de transporte en el plan del MITECO podría generar múltiples beneficios. Se estima que el número de bicicletas compartidas podría ascender a 100.000 para el año 2030, una cifra que contrasta con las aproximadamente 35.000 existentes en la actualidad, de las cuales el 89% corresponden a sistemas municipales. Tal expansión se traduciría en una reducción anual de 200.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono y una disminución de al menos un 10% en el uso de vehículos privados en zonas urbanas. Además, el informe destaca que más de un millón de ciudadanos en España enfrentan limitaciones de acceso al transporte o carecen de alternativas al automóvil, una situación que se agudiza en las áreas rurales, donde las familias destinan un porcentaje mayor de su presupuesto anual al transporte en comparación con las zonas urbanas, debido a la escasez de opciones de transporte público.
Entre las ventajas adicionales de esta medida, se contempla la posibilidad de establecer tarifas más accesibles para grupos vulnerables y la creación de más de cinco mil puestos de trabajo en el sector del transporte, posicionando a la bicicleta como un factor clave en la reconfiguración de la movilidad urbana en España. Las propuestas concretas del sector se articulan en cinco ejes principales: la promoción de la intermodalidad en el transporte, la optimización y expansión de los sistemas de bicicletas compartidas existentes, la implementación de un bono social de transporte y una tarifa social, la expansión hacia municipios de tamaño mediano y pequeño, y el establecimiento de un programa de microsubvenciones para cubrir necesidades específicas de estos servicios.
El manifiesto enfatiza la importancia de integrar criterios como la accesibilidad, los tiempos de desplazamiento y el costo de la movilidad al diseñar nuevas políticas públicas. Asimismo, propone la aplicación de incentivos y subsidios específicos para las bicicletas compartidas en localidades con baja conectividad. El Fondo Social para el Clima, con una dotación superior a los 87.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, busca asistir a los ciudadanos europeos en la asunción de los costos inherentes a la transición ecológica, incluyendo el acceso a opciones de movilidad “limpias y económicas”. Se prevé que España reciba aproximadamente el 10.5% del total de este fondo, es decir, más de 9.200 millones de euros, una vez que la Comisión Europea apruebe el Plan Nacional que el Gobierno debe presentar antes de finalizar 2025, lo que permitiría la distribución de las ayudas a partir de 2026.
