Desarrollo Duradero
Cerca de 170 colectivos de defensa ambiental han elevado una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a las administraciones regionales. Su demanda se centra en que cualquier futura actualización del informe sexenal relativo al lobo ibérico se fundamente rigurosamente en la investigación científica, en contra de las narrativas sesgadas que impulsan su persecución, tanto política como de caza. La comunidad ecologista enfatiza la importancia de salvaguardar el futuro de esta emblemática especie.
Organizaciones ecologistas alzan la voz por el lobo ibérico en Madrid
El próximo martes 22 de julio, representantes de la administración central y autonómica se congregarán en Madrid para deliberar sobre el informe que España debe entregar a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva Hábitats. Este documento vital revela un incremento del 12% en la población del lobo, registrando 333 manadas según el más reciente censo nacional. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el estatus de conservación de la especie permanece en un estado \"desfavorable-inadecuado\".
Ecologistas en Acción, en un comunicado emitido este jueves, subraya que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), basándose estrictamente en criterios científicos, considera imprescindible alcanzar la cifra de 500 manadas de lobos para garantizar la viabilidad a largo plazo de la especie. Los datos del nuevo censo nacional, a pesar del aumento, evidencian una situación poblacional precaria para el lobo ibérico, con un crecimiento considerablemente menor en comparación con otras poblaciones europeas y una distribución geográfica reducida respecto a su extensión histórica.
Frente a este panorama, las organizaciones ecologistas exigen a las autoridades que asuman su responsabilidad legal y trabajen activamente por la protección del lobo. Instan a que la especie sea reincorporada al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Advierten que la viabilidad futura del lobo sigue siendo incierta debido a los planes de control letal y caza aprobados por diversas administraciones autonómicas.
Una crítica particularmente severa se dirige hacia la Xunta de Galicia. Los ecologistas denuncian una \"maniobra política\" orquestada el pasado miércoles en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En esta reunión, Galicia logró la aprobación de una propuesta que califica el estado del lobo como \"favorable\" en el informe sexenal, una postura que, según los colectivos, contradice la evidencia científica. Aunque esta iniciativa contó con el respaldo de una amplia mayoría de comunidades autónomas y la única oposición del Miteco, deberá someterse a una nueva votación antes de ser enviada a Bruselas.
Es relevante señalar que la Justicia ha interpuesto una paralización cautelar a los planes de \"extracción\" de lobos en Galicia, una medida que no se ha replicado en Cantabria y Asturias. Por otro lado, en La Rioja, el lobo ha sido declarado especie cinegética a pesar de las acciones judiciales interpuestas para revertir esta decisión.
El comunicado, aunque liderado por Ecologistas en Acción, cuenta con el respaldo de una coalición de influyentes organizaciones como WWF, Llobu, GREFA, Lobo Marley, la Universidad de Alcalá de Henares, Verdes Equo y Los Verdes España, entre otros, demostrando un frente unido en la defensa del lobo ibérico.
Desde la perspectiva de un observador atento, esta situación subraya la constante tensión entre la conservación basada en la ciencia y las presiones sociopolíticas en la gestión de la fauna. La insistencia de las organizaciones ecologistas en el respeto a la evidencia científica es fundamental, ya que sin ella, las decisiones pueden ser guiadas por intereses cortoplacistas o por la desinformación. Es imperativo que las administraciones actúen con responsabilidad, priorizando la salud de los ecosistemas y la biodiversidad a largo plazo. La protección del lobo ibérico no es solo una cuestión de ecología, sino un test de la madurez de nuestra sociedad para integrar el conocimiento científico en la toma de decisiones públicas, asegurando así un futuro más armonioso para todas las especies.
