Medio Ambiente
El presente artículo examina los preocupantes retrocesos en la aplicación de la Convención de Aarhus, un instrumento internacional fundamental para la salvaguarda de la democracia ecológica y la protección de los activistas ambientales. A través de un análisis de la reciente reunión de las partes en Ginebra, se destacan las advertencias de las ONG y los expertos sobre el creciente debilitamiento de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como la escalada de amenazas y ataques contra quienes defienden el medio ambiente.
La Democracia Ambiental en Peligro: Un Llamado Urgente desde Ginebra
La Convención de Aarhus: Cimientos de la Justicia Ambiental
La Convención de Aarhus, adoptada en Dinamarca el 25 de junio de 1998 y en vigor en España desde el 31 de marzo de 2005, es un pilar esencial para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas medioambientales. Este acuerdo internacional busca fortalecer la gobernanza ambiental permitiendo a individuos y entidades jurídicas involucrarse activamente en la toma de decisiones que afectan nuestro entorno natural.
Un Encuentro Crítico en Ginebra: Evaluación de Logros y Desafíos
La octava reunión de las Partes de la Convención de Aarhus, celebrada en Ginebra del 17 al 19 de noviembre de 2025, junto con la quinta sesión del Protocolo sobre los registros de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR) el 21 de noviembre, fue un foro crucial. Un segmento de alto nivel el 20 de noviembre se enfocó en la contribución de la Convención y su Protocolo para defender los derechos públicos frente a la compleja crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La sesión sirvió como plataforma para que diversos actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, discutieran los avances y los obstáculos en la promoción de la democracia ambiental, la transformación digital, la economía circular y el desarrollo sostenible. Se aprobaron decisiones sustantivas que guiarán las acciones de la Convención para el período 2026-2029.
La Alarma de las ONG: Retrocesos y Ataques a Defensores
Organizaciones no gubernamentales presentes en Ginebra han levantado la voz ante una preocupante tendencia global: el retroceso en los derechos de información, participación y justicia ambiental, así como un incremento en la violencia y las amenazas contra los defensores del medio ambiente. SEO/BirdLife, por ejemplo, ha instado a fortalecer la Convención de Aarhus frente a un aumento de incumplimientos, la escasez de recursos y los riesgos inherentes a la transición energética y la explotación de minerales críticos. La reunión culminó con la adopción de la Declaración General de Ginebra, un documento que reconoce la imperiosa necesidad de reforzar la implementación de la Convención para abordar la "triple crisis planetaria".
Advertencias Urgentes sobre la Protección de los Defensores Ambientales
La Octava Reunión de las Partes de la Convención de Aarhus (MoP8) contó con la participación de SEO/BirdLife, donde se analizó el estado de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Un punto álgido fue la intervención de Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores Ambientales, quien fue reelegido durante la MoP8. Forst advirtió sobre un alarmante aumento de ataques, amenazas y restricciones contra individuos y grupos que defienden el medio ambiente. Enfatizó que la desobediencia civil pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, y que tanto la ONU como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocen las protestas no violentas, incluso las disruptivas, como amparadas por los estándares internacionales. Para Forst, garantizar la seguridad de estos defensores es indispensable para cumplir con la Convención y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 16.
Desafíos y Puntos Críticos para la Convención
Las organizaciones presentes, incluyendo SEO/BirdLife, expresaron su inquietud por el creciente deterioro de los espacios de participación pública, las barreras para acceder a la información ambiental y los obstáculos judiciales, a pesar de que la Convención se encuentra en vigor desde 1998. La decisión de posponer la aplicación de las recomendaciones del Comité de Cumplimiento respecto a Gran Bretaña generó especial preocupación, al considerarse un precedente peligroso que podría permitir a otros Estados eludir las conclusiones del Comité sin repercusiones. A pesar de un aumento significativo en el número de casos presentados, especialmente en relación con energías renovables y la explotación de minerales críticos, el Comité de Cumplimiento y la Secretaría de la Convención no han recibido recursos adicionales, lo que compromete su efectividad. Además, la mitad de las Partes, incluida España, no han presentado sus Informes Nacionales a tiempo, estableciéndose el 15 de enero de 2026 como fecha límite para regularizar esta situación. SEO/BirdLife ha resaltado la preocupación por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que interpreta el silencio administrativo de forma negativa, contraviniendo el espíritu de la Convención. Este punto fue objeto de la Comunicación ACCC/C/2025/214, presentada el año pasado por varias ONG españolas, y aún pendiente de resolución.
Casos Abiertos y el Compromiso con la Justicia Ambiental
Durante la reunión, se revisaron dos casos antiguos relacionados con España: la participación pública en la extensión de vida de los reactores I y II de la central nuclear de Almaraz, donde se instó a España a adoptar medidas legislativas y administrativas, además de presentar un plan de acción antes del 1 de julio de 2026; y la falta de garantías en el Plan Nacional Transitorio de la Directiva de Emisiones Industriales, cuyos incumplimientos fueron confirmados, aunque sin recomendaciones adicionales al no estar ya vigente. SEO/BirdLife, como organización de utilidad pública, reiteró su firme compromiso con la defensa del derecho a la información, la participación pública y la justicia ambiental, exigiendo mecanismos más robustos para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente estos derechos.
