

En una acción coordinada de alcance global, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en colaboración con Europol, ha dirigido una importante operación internacional destinada a combatir la contaminación y el comercio ilegal de residuos. Esta iniciativa, que abarcó más de setenta naciones, culminó con la detención de 337 individuos y la confiscación de residuos ilegales valorados en 31 millones de euros. Este esfuerzo subraya la creciente preocupación y la acción decisiva contra las actividades criminales que amenazan nuestro medio ambiente a escala planetaria.
La operación, conocida como Custos Viridis, se desarrolló a lo largo del año 2025, demostrando la capacidad de la Guardia Civil para liderar complejas investigaciones transnacionales. Los datos obtenidos revelan la magnitud del problema y el impacto de esta intervención. Se llevaron a cabo 1.048 inspecciones en los cinco continentes, lo que resultó en la incautación de 127.149 toneladas de residuos, cuyo valor en el mercado negro ascendía a 31 millones de euros. Además, se aprehendieron 602 toneladas de agentes contaminantes, incluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero, sustancias altamente perjudiciales para la salud pública y los ecosistemas. Financieramente, la operación logró intervenir casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias, junto con 130 vehículos y propiedades, lo que afecta directamente la infraestructura económica de estas redes criminales.
Particularmente en España, el impacto fue significativo. Los agentes lograron desarticular 23 redes dedicadas al tráfico ilícito de residuos, lo que condujo a la detención o investigación de más de 40 personas. El Instituto Armado ha destacado que SEPRONA se posiciona como un actor clave en la seguridad ambiental europea, adaptándose a las exigencias de la nueva Directiva sobre delitos medioambientales. Los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, junto con los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, fueron identificados como puntos neurálgicos para la entrada y salida de residuos en el país, lo que resalta la complejidad geográfica y logística de estas actividades ilícitas. España, según fuentes oficiales, juega un rol estratégico multifacético, sirviendo como país de origen, tránsito y destino en esta cadena de comercio ilegal.
Las organizaciones criminales involucradas no solo manejan de manera fraudulenta residuos domésticos e industriales, sino que también emplean tácticas de falsificación documental y fraude para transportar materiales peligrosos, generando severos daños ambientales y riesgos para la salud pública. Entre las tendencias emergentes se incluye el aumento del comercio ilegal de gases refrigerantes, principalmente de origen asiático, y la exportación fraudulenta de vehículos al final de su vida útil, textiles y desechos electrónicos desde la Unión Europea hacia regiones de África, Asia e Iberoamérica. La Guardia Civil enfatiza la importancia de la colaboración internacional y la vigilancia exhaustiva de la trazabilidad en toda la cadena de gestión de residuos para prevenir la explotación impune del medio ambiente por parte del crimen organizado. En este marco, miembros de la Guardia Civil y representantes de organismos internacionales como Europol, Interpol y las Naciones Unidas están participando en Madrid en encuentros para abordar la lucha contra el tráfico de residuos y los delitos ecológicos, discutiendo nuevas estrategias y fenómenos emergentes como el abandono de residuos textiles en almacenes alquilados y la recurrencia de incendios en plantas de tratamiento, a menudo consecuencia de una gestión negligente.
Esta acción global refleja un compromiso firme por proteger nuestro planeta de la delincuencia ambiental. La coordinación entre fuerzas de seguridad de diferentes países, junto con el desmantelamiento de redes complejas y la incautación de bienes ilícitos, demuestra que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar desafíos de esta magnitud. Los resultados obtenidos no solo representan un golpe significativo para el crimen organizado, sino que también envían un mensaje claro sobre la intolerancia hacia las prácticas que degradan nuestro entorno natural y ponen en riesgo la salud de las comunidades. Es un paso crucial para asegurar un futuro más limpio y seguro para todos.
