Medio Ambiente
Cada año, los fuegos en los bosques causan estragos, pero la intensidad de estos eventos se ha incrementado significativamente debido a las implacables olas de calor vinculadas al cambio climático. A pesar de esta realidad alarmante, tanto España como el resto de Europa adolecen de una planificación de prevención adecuada, lo que convierte la situación actual en una verdadera catástrofe.
En tan solo una semana, más de 125.000 hectáreas han sido calcinadas en España. Lo que va de 2025 ha visto una superficie arrasada que triplica la cifra total del año anterior, 2024. Los especialistas se preguntan por qué no existen planes de acción concretos para enfrentar estos episodios ni una prevención eficaz durante los meses invernales. La Unión Europea, el gobierno español y las comunidades autónomas son señaladas como responsables de esta tragedia, debido a su inercia en la administración de las vastas áreas forestales.
Una interrogante fundamental es si se pueden tomar medidas para evitar estos desastres. En la provincia de Ourense, el cielo ha estado cubierto por una capa gris, impregnado del olor a humo y con la constante caída de cenizas, un panorama que se repite en todas las zonas afectadas por los incendios, que ya han consumido más de 150.000 hectáreas en 2025. Imma Oliveras, una destacada científica de la Universidad de Oxford, experta en ecología de ecosistemas, aborda esta compleja problemática. Su trabajo se centra en episodios de sequía extrema y las alteraciones en los patrones de incendios en zonas montañosas. Oliveras, quien también participa en el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia y coordina el proyecto FIRE-ADAPT, lidera la investigación sobre el manejo integrado del fuego como estrategia de adaptación al cambio climático.
La previsión de un verano con alto riesgo de incendios en España se ha cumplido. Surge la pregunta de por qué la adaptación a esta realidad ha sido tan lenta. Históricamente, en la mayoría de los países mediterráneos, se ha observado una disminución en la gestión activa de los bosques y zonas naturales, en gran parte debido al éxodo rural. Esto ha provocado un aumento de la vegetación abandonada, como matorrales y árboles, que se vuelve altamente inflamable en la estación seca. Además, se ha incrementado la interconexión entre áreas urbanas y forestales.
Los ecosistemas mediterráneos han coevolucionado con el fuego, siendo este un componente natural para mantener su biodiversidad y funciones. Por lo tanto, la coexistencia con el fuego es inevitable. Tradicionalmente, las comunidades locales utilizaban prácticas como el pastoreo para manejar la vegetación, métodos que en gran medida han desaparecido. La acumulación de biomasa vegetal, junto con la presencia de residuos en muchos lugares, agrava el riesgo. En particular, las urbanizaciones situadas dentro de densas masas forestales complican enormemente las labores de extinción.
Frente a este escenario de abandono rural y alta densidad poblacional en otras áreas, la gestión preventiva más eficaz requiere de políticas activas y participativas que consideren las particularidades de cada territorio. Esto implica trabajar con propietarios privados y actores locales para crear espacios más resistentes a los incendios y, al mismo tiempo, fomentar la biodiversidad. Acciones concretas y prioritarias incluyen el uso de quemas controladas durante el invierno, talas selectivas y la creación de zonas cortafuegos. Es vital que los cuerpos de bomberos y otros profesionales desarrollen estudios específicos para identificar y aplicar medidas preventivas que minimicen el riesgo de grandes incendios y aumenten la resiliencia.
A pesar de la efectividad probada de las quemas controladas en otros países, su implementación en el Mediterráneo no se ha generalizado. La responsabilidad de esta gestión recae en las Comunidades Autónomas, donde la falta de coordinación y la ambigüedad en los mecanismos de gobernanza son patentes. Es crucial evaluar las respuestas a emergencias y los simulacros para identificar mejoras. En España, se necesita un modelo político más cooperativo entre comunidades y el Estado, que destine los recursos económicos, humanos y legislativos necesarios para la prevención, siempre respetando las realidades socioecológicas locales. Las medidas preventivas son, lamentablemente, anecdóticas en la península ibérica y en el resto de Europa, un problema común que las esferas político-económicas no priorizan.
Con la creciente frecuencia de los “megaincendios”, la preparación es urgente. No existe una solución sencilla, dada la complejidad del paisaje mediterráneo, donde gran parte del territorio es propiedad privada con pequeños dueños. La intervención humana ha transformado profundamente el entorno natural, y vivimos en zonas intrínsecamente inflamables. Aunque se puede mitigar el riesgo con las acciones preventivas mencionadas, el aumento de sequías y olas de calor más intensas significa que vivir en ciertas áreas conlleva un riesgo inherente de sufrir los efectos de un incendio forestal de gran magnitud.
Zonas de especial protección, como Las Médulas, o los Parques Nacionales, que han sido devastadas, deberían contar con una protección específica. Esto implicaría un manejo activo de la biomasa vegetal, incluyendo la creación de zonas de interés ecológico y áreas de amortiguamiento para la actuación segura de los bomberos. Estas acciones deben ser diseñadas para cada caso particular e implementadas por los gestores locales, considerando la compleja matriz socioecológica circundante. Ejemplos como el de Brasil, con su Ley Federal de Manejo Integrado del Fuego, demuestran que el uso controlado del fuego puede ser eficaz para la gestión del territorio y la mitigación del riesgo en áreas protegidas. Los planes actuales de las Comunidades Autónomas deben ser revisados, y se necesita un mayor esfuerzo para crear espacios resistentes al fuego, tomando como guía las estrategias exitosas implementadas en otras partes del mundo.
