

La mejora en la eficiencia energética de las construcciones es un pilar fundamental en el camino hacia la sostenibilidad. Recientemente, se ha dado un paso significativo para agilizar y expandir la capacidad de certificar el desempeño energético de los inmuebles, lo que representa un avance crucial en la adopción de prácticas más ecológicas en el sector de la edificación.
Las normativas relacionadas con la certificación de la eficiencia energética de las edificaciones tienen su origen en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establecida el 16 de diciembre de 2002. Posteriormente, esta directiva fue incorporada al marco legal español mediante el Real Decreto 47/2007, del 19 de enero, el cual delineó un procedimiento fundamental para la evaluación energética de las nuevas construcciones. Este proceso inicial enfrentaba ciertas limitaciones en cuanto a los perfiles profesionales autorizados para llevar a cabo dichas certificaciones.
En un esfuerzo por modernizar y optimizar el sistema, el Consejo de Ministros, atendiendo una solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido un nuevo real decreto. Esta disposición actualiza el Real Decreto 390/2021, que rige la certificación de la eficiencia energética de edificios. El propósito principal es ampliar el abanico de especialistas con potestad para expedir certificaciones tanto para proyectos y obras ya terminadas, como para edificaciones existentes.
Anteriormente, solamente aquellos profesionales con cualificaciones académicas y laborales específicas, habilitadas por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como arquitectos e ingenieros, estaban autorizados para emitir estos certificados. Esta restricción generaba una competencia limitada en el mercado y no garantizaba de manera exclusiva la calidad de las evaluaciones. Por ello, se ha decidido que, si bien la certificación de proyectos de edificación seguirá siendo competencia exclusiva de los titulados por la LOE, la certificación de obras concluidas y edificaciones ya existentes podrá ser realizada por otros profesionales, siempre y cuando acrediten los conocimientos pertinentes, los cuales pueden ser adquiridos a través de programas de formación especializados.
Esta reforma se anticipa que impulse considerablemente el ámbito de la certificación energética en España, al incrementar el número de expertos cualificados para emitir estos documentos. Esto se traducirá en mayores oportunidades para las empresas de servicios energéticos y, en última instancia, beneficiará a los usuarios y a la economía en general. Las autoridades competentes de cada comunidad autónoma serán las encargadas de registrar a los profesionales que, tras completar la formación requerida, deseen convertirse en técnicos certificadores, mediante una declaración responsable válida en todo el territorio nacional.
La obtención del certificado de eficiencia energética para cada inmueble confiere el derecho de utilizar la etiqueta de eficiencia energética, un distintivo que proporciona información clara sobre el consumo energético del edificio. Esta etiqueta es un instrumento esencial para promover la transparencia y fomentar la mejora del desempeño energético en el parque inmobiliario, contribuyendo así a una edificación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
