Medio Ambiente
La situación del polémico hotel conocido como El Algarrobico, ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, continúa siendo un tema de profunda preocupación ambiental y legal en España.
Desde hace casi dos décadas, las obras de este complejo se encuentran suspendidas, y a pesar de múltiples pronunciamientos judiciales que confirman su ilegalidad, debido a que invade la servidumbre de protección costera y está construido en un área protegida, su demolición sigue sin concretarse. Más aún, las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción han lanzado una voz de alarma, denunciando posibles nuevas irregularidades en el proceso de revisión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Carboneras. Estas entidades sospechan que el consistorio está empleando tácticas dilatorias para evitar la ejecución de las sentencias que ordenan la nulidad de la licencia de 2003, un paso crucial antes de proceder a la demolición definitiva del edificio.
La controversia se agudiza al revelarse que el ayuntamiento ha intentado validar una zonificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que ya fue judicialmente anulada. Esta modificación pretendía cambiar la clasificación del suelo de El Algarrobico de área natural de interés general a urbanizable, con el objetivo de legitimar la construcción del hotel. Sin embargo, diversas sentencias del Tribunal Supremo, emitidas entre 2011 y 2022, han reiterado la invalidez de esta alteración, confirmando que el paraje debe ser considerado espacio protegido y no urbanizable. Las organizaciones ecologistas han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), argumentando que la persistencia en el uso de esta cartografía es un intento más de legalizar una obra que ha sido consistentemente declarada ilegal, y que además, el expediente municipal omite la violación de la servidumbre de protección de 100 metros establecida por la Ley de Costas, frente a los 20 metros que se consideraron inicialmente para otorgar la licencia. Ante esta situación, solicitan acceso completo al expediente y la intervención del TSJA para asegurar el cumplimiento de las sentencias firmes que datan desde 2008.
La prolongada batalla legal por El Algarrobico resalta la importancia de la persistencia cívica en la defensa de los entornos naturales. La labor incansable de las organizaciones ecologistas, al fiscalizar y denunciar cada intento de eludir la justicia, demuestra que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida que exige vigilancia constante y acción decidida. Este caso es un recordatorio de que la verdad y la ley, aunque a veces lentas, prevalecen, y que la lucha por un futuro sostenible es un camino que, con convicción y unidad, siempre lleva a la justicia ambiental.
