Desarrollo Duradero
El consistorio de Carboneras (Almería) ha dado luz verde al comienzo de la revisión oficial de la autorización de construcción para el hotel El Algarrobico, un permiso concedido en 2003. Esta determinación ha sido objeto de controversia, especialmente por parte de Greenpeace, que la considera un método \"superfluo\" y \"extemporáneo\" con un retraso de siete años. La propuesta fue aprobada con siete votos a favor, incluyendo el del alcalde, la bancada del Partido Popular y un concejal independiente, en una sesión marcada por la inasistencia de varios miembros del concejo.
El alcalde, Salvador Hernández (Cs), ha expresado su pesar por la inasistencia de concejales del Partido Socialista al pleno, recordando que la licencia se concedió bajo administraciones socialistas. Ha recalcado que la reevaluación del permiso no es una iniciativa política, sino una obligación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha ordenado la ejecución de sentencias firmes. El edil ha descrito el hotel como una \"pesadilla\" para Carboneras y la región, que en su momento fue presentado como un \"sueño\" para la comunidad.
La revisión de la licencia de obras, otorgada a Azata del Sol S.A. en enero de 2003, se fundamenta en el artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que permite declarar nulos los actos administrativos por omisión de trámites esenciales o por no seguir el procedimiento legal. El acuerdo plenario incluye la apertura de un periodo de audiencia de diez días para los interesados, un paso previo crucial antes de cualquier posible declaración de nulidad.
La organización ambientalista Greenpeace ha valorado la iniciativa del ayuntamiento, aunque ha reiterado que esta acción llega con un retraso considerable y mediante un procedimiento que consideran innecesario. Según los ecologistas, la decisión podría haber sido tomada directamente por el alcalde, sugiriendo que la actual estrategia es un intento de dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Además, han urgido a la Junta de Andalucía a iniciar el proceso de expropiación de las tierras del hotel que se encuentran dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
El edificio, que cuenta con 411 habitaciones, ha estado paralizado desde 2006 y ha sido objeto de más de veinte fallos judiciales que ponen en entredicho su legalidad urbanística y ambiental. La última sentencia definitiva del TSJA, de 2021 y ratificada por el Tribunal Supremo, exige al Ayuntamiento la anulación explícita de la licencia como requisito indispensable para su eventual demolición. Paralelamente, el mismo tribunal ha emitido nuevos avisos al consistorio, dándole un plazo de diez días para publicar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) corregido, advirtiendo de posibles sanciones y la identificación del funcionario responsable en caso de incumplimiento. Al concluir la sesión, el alcalde ha instado a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a colaborar con el Ayuntamiento y la empresa promotora para encontrar una \"solución menos perjudicial para Carboneras\", criticando el uso del hotel como \"instrumento político\" entre diferentes partidos.
