

La persistente situación del Hotel Algarrobico, una estructura imponente y controvertida erigida de manera irregular en el litoral de Almería, específicamente dentro de un parque nacional y a escasos metros del mar, se encamina finalmente hacia su desmantelamiento. Durante años, este edificio ha sido objeto de una prolongada contienda legal, obstaculizada por diversos recursos y apelaciones.
El más reciente obstáculo provino de la empresa constructora, que interpuso una apelación para evitar la expropiación gubernamental del inmueble, con el fin de proceder a su destrucción. Afortunadamente, esta apelación fue desestimada, marcando un avance significativo en el proceso de demolición de la edificación.
Las organizaciones ambientalistas han recibido con entusiasmo la negativa del Gobierno central al recurso de la promotora del Algarrobico contra su expropiación. Este acontecimiento, tras veinte años de batallas judiciales, acerca un poco más la resolución definitiva, aunque el proceso para el derribo total aún tomará varios meses. La responsabilidad ahora recae en la Junta de Andalucía, que debe llevar a cabo la expropiación de la porción del inmueble que invade ilegalmente el Parque Natural.
El Hotel Algarrobico ha representado, durante dos décadas, el epítome de la especulación y el menosprecio por las zonas costeras. Esta gigantesca construcción, cuya edificación comenzó en 2003, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en violación de la Ley de Costas, ha sido un claro ultraje ante los ojos de las distintas administraciones, según reiteran los grupos ecologistas: la justicia lo declaró ilegal, pero la inercia política permitió su permanencia. A pesar de la inacción administrativa, la sociedad civil nunca claudicó. Miles de voces y movimientos sociales han denunciado durante veinte años este hotel como lo que realmente es: un monumento a la corrupción urbanística. Es un alivio observar que el Ministerio para la Transición Ecológica está impulsando los pasos necesarios para su demolición.
Sería ilógico que solo se procediera a la demolición parcial. La Junta de Andalucía debe actuar sin demora en lo que le corresponde. El Algarrobico pasará a la historia. Su derribo debe sentar un precedente: nunca más se permitirá la especulación en nuestras playas, ni la construcción en espacios naturales protegidos.
Tras más de dos décadas de incesantes disputas judiciales, la Junta de Andalucía tiene la obligación de proceder con la expropiación del inmueble. La ley ha dado la razón a aquellos que han denunciado la corrupción urbanística que facilitó su construcción, y ahora luchan por su derribo definitivo. La completa eliminación de esta estructura es un paso crucial hacia la restauración de la legalidad ambiental y la protección de nuestro valioso patrimonio natural costero.
