Medio Ambiente
Activistas medioambientales en España han elevado su voz de alarma ante el progresivo deterioro y la pérdida de infraestructuras rurales fundamentales, como las vías pecuarias y los caminos públicos. La denuncia subraya una inacción administrativa prolongada que amenaza este valioso patrimonio, esencial para la conectividad ecológica, el uso social y la biodiversidad del país. A pesar de la existencia de un marco legal desde hace décadas, la implementación de medidas de protección ha sido escasa, resultando en una disminución alarmante de kilómetros de estas rutas. Se enfatiza la urgencia de una gestión coordinada y efectiva para revertir esta situación.
El problema se extiende más allá de una mera cuestión de mantenimiento, afectando a la esencia de la planificación territorial y la conservación. La negligencia institucional no solo compromete la integridad de estos corredores naturales, sino que también dificulta el acceso público y favorece la ocupación ilegal de terrenos. La situación actual requiere un compromiso renovado por parte de las administraciones para garantizar la preservación y el aprovechamiento sostenible de estas redes, que son componentes clave del paisaje y la cultura rural española.
Alarmante Pérdida de Rutas Históricas y Senderos
La voz de los ecologistas resuena con preocupación en España ante el desolador panorama de las vías pecuarias y los caminos de uso común. Estas infraestructuras, que alguna vez tejieron una extensa red vital para la movilidad del ganado, la conectividad ecosistémica y el disfrute ciudadano, se encuentran hoy en un estado de abandono crítico. La inercia administrativa es señalada como la principal culpable, permitiendo que vastas extensiones de este patrimonio público se pierdan o degraden sin control, minando su función ecológica y social. La urgencia de la situación es palpable, con miles de kilómetros de rutas esenciales en riesgo de desaparecer si no se toman medidas contundentes y coordinadas.
La magnitud del problema se hace evidente al observar que aproximadamente 40.000 kilómetros de vías pecuarias ya han desaparecido en el país. A pesar de que la red clasificada supera los 112.556 kilómetros, con estimaciones independientes elevándola a más de 138.000, un control efectivo sobre su estado es prácticamente inexistente. El marco legal, en vigor desde hace tres décadas, ha mostrado ser insuficiente, con apenas un 17% de las vías deslindadas y un ínfimo 1,3% correctamente amojonado, mientras que cerca del 20% sigue sin clasificación. Esta falta de progreso en la última década ha convertido a estas rutas en víctimas silenciosas de la desidia, perdiendo su identidad y propósito original.
Desafíos y Llamadas a la Acción Institucional
La crítica de los grupos ecologistas se intensifica al señalar no solo la pasividad, sino también lo que consideran un retroceso legislativo en algunas comunidades autónomas. Casos específicos en Madrid y Castilla-La Mancha, donde se han presentado propuestas para facilitar desarrollos urbanísticos o permitir la caza en áreas tradicionalmente protegidas, ilustran cómo las políticas locales pueden debilitar aún más la ya precaria situación de estas rutas. Este enfoque, lejos de proteger, expone a las vías pecuarias y caminos públicos a mayores riesgos, contraviniendo el espíritu de su conservación y el bienestar del ecosistema. La necesidad de una voluntad política firme es imperativa para salvaguardar estos espacios.
La desatención no se restringe únicamente a las vías pecuarias; los caminos públicos, responsabilidad de los ayuntamientos, enfrentan desafíos similares o incluso más graves. La ausencia de inventarios actualizados en numerosos municipios los deja indefensos ante ocupaciones ilegales y dificulta la garantía de acceso vecinal y la protección del dominio público. Sin un registro claro, la defensa de estas infraestructuras se vuelve una tarea titánica. Ante este panorama, la demanda de crear una Red Nacional de Vías Pecuarias, un proyecto con décadas de demora, emerge como una solución crucial para integrar y gestionar eficazmente los más de 11.000 kilómetros de rutas estratégicas. La sociedad civil, a través de más de 45 actividades en diversas provincias, alzará su voz el 22 de marzo, Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, para visibilizar este problema estructural y exigir una respuesta coordinada que frene la lenta pero constante desaparición de este valioso patrimonio.
